En medio de la compleja situación de la industria automotriz y sus abastecedores locales, el Grupo PROA, que representa a una parte de las autopartistas locales, anunció un relevamiento de potenciales proveedores para la posible instalación local de la automotriz china Chery.
En un comunicado dirigido a sus socios, la entidad consignó que la convocatoria partió de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones y la Dirección de Estrategias y Agendas de Inserción Internacional de la Cancillería en coordinación con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
La comunicación definió el proyecto como una “oportunidad estratégica” para la industria nacional, sensiblemente impactada por la apertura comercial del gobierno libertario, entre otras complicaciones de tipo estructural y coyuntural.
Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de febrero para completar un formulario que especifica el tipo de componentes necesarios y la capacidad técnica disponible.
Lejos de combatir la supuesta industria del juicio alegada durante años por la derecha ahora encarnizada en el gobierno de Javier Milei, la reforma laboral que está a un paso de convertirse en ley generará una oleada de demandas judiciales. Señalamientos por inconstitucionalidad y reclamos individuales por la nueva forma de calcular las indemnizaciones forman parte del horizonte de litigiosidad que se avecina según especialistas.
Más allá de la derogación de derechos laborales contemplada en la iniciativa, hay otras luces de alarma que se encendieron en los últimos días. Si la reforma se convierte en ley, el gobierno también habrá logrado instaurar cierto desorden jurídico, principalmente a partir del cierre del Fuero Laboral, que podría complicar cuestionamientos judiciales a las nuevas reglas de juego.
Para Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la reforma es inconstitucional. “La ley, que presumimos que se va a aprobar, vulnera el principio de progresividad que obliga a los Estados a legislar de manera progresiva y no regresiva en materia de derechos sociales. Eso está en tratados internacionales reconocidos por la Constitución que, en el artículo 14 bis, también dice que las leyes deberán proteger al trabajador”, aseguró.
Reforma blindada
Así y todo, advirtió que “va a ser muy difícil” dar la pelea en la Justicia, en principio porque Argentina no tiene un tribunal específico dedicado a revisar la constitucionalidad de las leyes. Además, como la reforma está a punto de salir mediante una ley del Congreso, no hay chances de que prospere un freno judicial como el que tuvo el capítulo laboral del DNU 70/23 objetado por la CGT. Es que en ese momento, uno de los argumentos más firmes fue que el presidente Javier Milei se había arrogado funciones propias del Poder Legislativo.
“Acá hay que ir artículo por artículo. A la reforma laboral que se pretende aprobar no se la va a poder atacar en bloque como pasó con el DNU 70/23. Los planteos van a tener que ser individuales, caso por caso”, coincidió el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra.
Como se mencionó, hay quienes creen que, de manera solapada, el gobierno busca generar cierto desorden institucional para blindar la ley ante futuras impugnaciones judiciales de trabajadores que se consideren agraviados por decisiones patronales basadas en la reforma.
“Creo que va a generar litigiosidad individual, pero el despelote que armaron con el cierre del Fuero Laboral puede ser una traba. Hay un plan armado para obturar cualquier reclamo, más teniendo en cuenta que quieren pasar la Justicia Laboral a la órbita porteña en 180 días y eso no es soplar y hacer botellas. Un reclamo por indemnización va a ir a la Justicia de la ciudad. ¿Qué jueces lo tomarán? ¿Los actuales? ¿Jueces nuevos aún no asumidos? Hay cuestiones sin saldar y está mal porque pierde siempre el justiciable, el laburante que está en negro”, sumó Diego Armesto, abogado constitucionalista.
En el Fuero Laboral, una jueza que prefirió opinar en off the record coincidió. “Lejos de desalentar la litigiosidad, este esquema que se propone la incentiva. Eso va a generar una situación inmediata de colapso del sistema judicial, máxime si pretenden pasar la competencia de 80 juzgados laborales y 10 salas, como es ahora, a 10 juzgados y dos salas de la ciudad de Buenos Aires”, precisó.
Ola de juicios
La reforma que está a punto de convertirse en ley amplía la jornada laboral de 8 a 12 horas, suprime las horas extras a cambio de dinero e instaura la figura del banco de horas por el cual la empresa podrá compensar a los trabajadores con horas o días libres en lugar de dinero. También deja fuera del cálculo indemnizatorio al aguinaldo y las vacaciones.
Esos cambios, proyectan desde diversos sectores, van a generar nuevos juicios. Eso incluso lo cree Julián de Diego, abogado que colaboró con la redacción de algunos de los puntos del proyecto. “Respecto de la indemnización, al restar el aguinaldo y las vacaciones, la reforma eligió la opción en la que el trabajador cobrará menos. Y ese es un tema que va a ser judicializado”, dijo en Radio Mitre.
Por su parte, Cremonte sostuvo que “lo más normal sería que crezca la litigiosidad” en casos de despido en los que se aplique la nueva fórmula indemnizatoria. “Va a haber reclamos por la diferencia alegando que hay un derecho adquirido porque comenzó a trabajar con la ley vigente hasta ahora y por lo tanto le corresponde una indemnización superior”, estimó.
“Es de esperar que todo lo que cambia genere litigios individuales”, añadió Ferreyra. “Va a aparecer mucho el tema de la retroactividad, es decir, a la persona que trabaja en un lugar hace 20 años ¿le aplicas la ley antigua o la nueva?”, sumó Armesto.
La profundidad de la reforma en cuestión es insoslayable, y llega a márgenes inusitados incluso en materia de litigios laborales. Un ejemplo lo dio en la sesión del jueves la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, cuando advirtió que el artículo 203 del proyecto deroga un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que declara como conducta maliciosa o temeraria la asumida por el empleador que obstruye o dilata reclamos judiciales por cuestiones laborales y le impone una pena económica.
El dato no es menor. Forma parte del conjunto de modificaciones que está a punto de lograr el gobierno de Javier Milei que no solo trae nuevas reglas regresivas en materia de derechos, sino que también contempla un claro debilitamiento de la capacidad de cuestionarlas. Se avecina un escenario incierto, pero inevitablemente conflictivo. «
