El cóctel combina consumo debilitado, dificultades de financiamiento y apertura comercial con problemas más profundos vinculados a la organización de la producción y a la distribución del valor en la cadena alimentaria. El resultado es un campo que produce alimentos, pero con márgenes estrechos y capacidad limitada para reinvertir, innovar o ampliar escala.
En la lechería, por ejemplo, el estancamiento del precio que recibe el tambero durante buena parte de 2025 impactó de lleno en la planificación productiva. Cuando los ingresos no acompañan el aumento en los costos como el combustible, los balanceados o los insumos veterinarios, las inversiones se postergan. Se demoran mejoras en infraestructura, se limita la incorporación de tecnología y se ajustan gastos operativos. Esa dinámica no siempre se refleja de inmediato en los volúmenes, pero condiciona el desarrollo a mediano plazo.
Economías regionales como la yerba mate y el vino atraviesan un proceso similar, donde el mercado interno continúa siendo el principal sostén. La menor rotación comercial del último año generó sobre-stocks y tensiones en la cadena de pagos. En términos productivos, eso se traduce en decisiones más conservadoras ya que no se expande la producción, hay menor contratación estacional y un uso más medido de los insumos.
Las cooperativas de alimentos advierten que el problema no se limita a los precios. También está en juego la posibilidad de sostener el agregado de valor en origen. La industrialización primaria, como la elaboración de lácteos, la molienda o el fraccionamiento requiere escala, crédito y previsibilidad. Cuando esas condiciones se vuelven inestables, el riesgo es retroceder hacia esquemas más primarios, con menor generación de empleo y menor arraigo territorial.
A esto se suman las condiciones estructurales de los territorios. El acceso al agua, el deterioro de la infraestructura rural, el ajuste en políticas públicas de prevención de incendios y limitaciones en la asistencia técnica de entidades estatales, forman parte de una problemática que se arrastra desde hace años. Las sequías prolongadas y los incendios recientes dejaron en evidencia la vulnerabilidad de muchos proyectos productivos de escala mediana o pequeña.
En este contexto, la defensa del territorio adquiere la misma relevancia que la discusión sobre precios. Sin tierra, sin agua y sin acompañamiento técnico, la producción a mediana escala pierde sustentabilidad. El rol del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), resulta central para mejorar rendimientos y eficiencia, especialmente en unidades que no cuentan con respaldo financiero para absorber pérdidas o errores productivos. Es por eso que el brutal recorte presupuestario que sufre por parte del Gobierno nacional impacta directo en la producción de alimentos y la calidad de los mismos.
La crisis, al mismo tiempo, impulsa procesos de reorganización. Algunas organizaciones integran producción, elaboración y canales propios de comercialización para mejorar el producto elaborado. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) acaba de sacar al mercado su propia yerba mate La Soberana como un ejemplo de esa estrategia, orientada a capturar mayor valor dentro de la cadena y reducir la dependencia de intermediarios. Más que una respuesta coyuntural, se trata de una búsqueda de mayor autonomía productiva.
De cara a 2026, el desafío será sostener los niveles de producción sin deteriorar la estructura de pequeños y medianos establecimientos. Si la demanda interna no logra recuperarse de manera consistente y el financiamiento continúa restringido, el ajuste podría reflejarse en menor inversión y pérdida de capacidad instalada. El impacto no sería sólo económico, sino también territorial, ya que afectaría la diversidad regional y la presencia de productores en distintas zonas del país.
Al mismo tiempo, el sector identifica oportunidades en la articulación con otros actores y en el fortalecimiento del cooperativismo. La diversificación productiva, el agregado de valor en origen y los circuitos cortos de comercialización aparecen como ejes estratégicos para sostener el abastecimiento interno.
El “campo que alimenta” llega a 2026 con incertidumbres, pero también con capacidad de organización. La discusión de fondo no pasa únicamente por las exportaciones o el precio internacional de determinado cereal, sino por cómo se estructura la producción destinada al mercado doméstico frente a las políticas del Gobierno nacional que no genera ningún tipo de apoyo para su desarrollo.
De esa definición dependerá si este año se consolida un proceso de concentración en la producción de alimentos o si mejoran las posibilidades para sostener un entramado productivo que garantice alimentos, empleo rural y arraigo territorial.
