El martes en Boletín Oficial el gobierno publicó el DNU/425/25 mediante el cual actualizó y reasignó diversas partidas del presupuesto en tanto, por la no aprobación de la ley de leyes en dos ejercicios consecutivos, rige formalmente el presupuesto aprobado en 2022 para el año 2023.
La alta inflación en el período y la aparición de nuevas obligaciones que afrontar fuerzan la reasignación de recursos mediante el uso discrecional de decretos emanados por el ejecutivo. Por eso, el DNU 425/25 reasigna más de dos billones de pesos al pago de intereses de deuda equivalentes a alrededor de U$S 2 mil millones de dólares.
Se trata de nuevas obligaciones que surgen del proceso de endeudamiento y refinanciamientos de deuda que llevó adelante el gobierno. De hecho, según el detalle brindado por Caludio Lozano a este medio, en lo que va de 2025 el gobierno tomó nueva deuda pública externa por U$S 19.500 millones equivalentes a U$S 108 millones diarios.
El detalle indica que U$S 12 mil millones corresponden al nuevo acuerdo de facilidades extendidas sellado con el FMI que se suma a la deuda existente asumida por el gobierno de Mauricio Macri y reconocida y reprogramada por la gestión de Alberto Fernández.
Además, el gobierno tomó una deuda de U$S 1.500 millones con el Banco Mundial y otros U$S 500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero, en un contexto de tipo de cambio planchado y dificultades para acumular reservas, para el equipo liderado por Luis Caputo ese dinero no resultó suficiente y decidió emitir bonos nominados en dólares por U$S 5.500 adicionales. Se trata del Repo 2025 emitido en enero por U$S 2 mil millones y el homónimo emitido en junio por un monto idéntico.
Además, la Secretaría de Finanzas elaboró el Bonte 2030. Se trata de un instrumento financiero en moneda local pero que se suscribe en dólares y ofreció una tasa del 31% para un primer tramo emitido en mayo equivalente a U$S 1.000 millones y del 28% para los U$S 500 millones emitidos en junio.
El economista y director del IPyPP, Claudio Lozano, explicó a Tiempo que “estos son los mecanismos de deuda que han activado durante el año para resolver el problema de dilapidación de divisas genuinas que se va agravando y la imprescindible necesidad de dólares de carácter financiero que abultan los niveles de deuda pública y desbordan, por supuesto, luego todas las previsiones presupuestarias respecto a pagos que obviamente en el marco del presupuesto prorrogado tienen que ir ampliando las partidas de pago de deuda pública”.
Para Lozano, “se han consumido todo el saldo comercial que la Argentina tuvo y desde hace 11 meses hay un cuadro de déficit permanente de la cuenta corriente que acumula U$S 12 000 millones de dólares negativo en el contexto de licuación del saldo comercial que en los primeros cinco meses del año fue de solo U$S 1.800 millones como resultado de exportaciones prácticamente estancadas que crecieron solo un 2,4% e importaciones que crecieron un 34%”.
El economista analizó que “hay una pérdida completa del superávit financiero. En los primeros cuatro meses del año, por más que declaran un superávit financiero de U$S 1,9 billones de dólares, lo cierto es que cuando se incorpora la deuda capitalizada y no pagada estamos con un déficit financiero en los primeros cuatro meses de U$S 15,2 billones de déficit financiero. Hay inconsistencias de todo tenor: déficit en cuenta corriente, déficit financiero, licuación del saldo comercial y creación de múltiples mecanismos de incremento de deuda para cubrir el desbalance general que tiene la economía argentina como un resultado de una estrategia de desinflación en pesos que da como resultado un proceso de inflación en dólares”.
El miércoles por la tarde se conocerán los datos de la evolución de la Balanza de Pagos en el primer trimestre de 2025 que terminarán de poner blanco sobre negro en la capacidad del gobierno de generar divisas genuinas.
